Cuando una Sentencia de divorcio  establece la obligación de pago de pensión alimenticia o pensión compensatoria, y el obligado al pago no cumple con el abono, su reclamación puede hacer vía civil, por Ejecución de Sentencia como ya hemos expuesto en artículos anteriores, o bien instar un proceso penal.

EL Código penal establece lo siguiente:

Artículo 227

  1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
  2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
  3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

El proceso comienza con la interposición de una denuncia, y tras la instrucción del proceso se realizará la preceptiva vista en un Juzgado Penal.

El artículo 227 del Código Penal pretende proteger a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos.

El delito de abandono de familia se configura como un delito de omisión y son sus elementos integrantes, en primer lugar, que ha de existir una resolución judicial firme dictada en alguno de los procesos a que la Ley se refiere, que establezca una prestación económica a favor de los hijos o del cónyuge; y una conducta omisiva consistente meramente en el impago de dicha prestación económica.

Es un delito de mera actividad , que se consuma formalmente por el mero incumplimiento de la obligación impuesta por aquella resolución; y, por último, en cuanto al elemento subjetivo, el dolo, viene referido al conocimiento de la resolución judicial que impone la prestación y a la voluntad de incumplirla, dejando libremente de pagar aquello a lo que está obligado.

Por tanto si se produce el impago, de forma voluntaria y sin que exista ninguna causa que impida dicho abono, el no pagador será condenado por dicho delito.

Por el contrario, es evidente que la imposibilidad de satisfacer la prestación por parte del obligado, cuya prueba le incumbe, excluye la culpabilidad. En este sentido, SS.T.S. de 28 de julio de 1999, 13 de febrero de 2001 y 3 de abril de 2001).

Al hilo de lo anterior, existe reiterada Jurisprudencia que establece que se ha de dejar sentado que la capacidad económica del obligado al pago es un elemento sustentador del tipo penal del delito de impago de pensiones alimenticias; efectivamente, dado que la infracción que nos ocupa se configura como un delito de omisión, y se requiere, para serle reprochada al autor su conducta omisiva, que se encuentre en una situación tal que, jurídica y socialmente, le sea exigible actuar de otra manera a aquélla como lo hizo y, por ello, le sea reprochable el resultado producido; el acusado sólo es responsable criminalmente de su no actuar siempre que, pudiendo haber realizado la prestación de forma total, parcial o irregular, tanto en el tiempo como en la forma o en la cuantía, no la ha querido hacer, ya que, de otra forma, se estarían criminalizando situaciones de pobreza no queridas o imponiendo obligaciones de imposible cumplimiento por no quedar amparadas por la voluntad del sujeto activo sino por causas externas al mismo.

Por tanto si te encuentras en una situación económica que no te permite afrontar tus pagos, te recomiendo, de un lado que no dejes de abonar la totalidad del importe, sino que abones la cantidad que puedas permitirte, y de otro que inicies un expediente de modificación de Medidas con el fin de disminuir las pensiones a las que estés obligado.

 

Begoña Cuenca Alcaine. Abogada de Familia en Zaragoza.