desequilibrio económicoEl Código Civil en su artículo 97 regula la pensión compensatoria:

“El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.”

La clave de la concesión de esta prestación radica en el desequilibrio económico que la separación o el divorcio supone.

A pesar de ello La Audiencia Provincia de Madrid reconoció a una Señora  “el derecho compensatorio sin cuantificación económica en este procedimiento de divorcio, quedando, por lo tanto, en suspenso dicha efectividad y que podrá determinarse y concretarse, en su caso, cuando se den las condiciones y circunstancias para ello, en los términos que han quedado señalados en esta resolución, y conforme a lo dispuesto y previsto en los artículos 100 y 101 del CC “.

Dicho pronunciamiento se argumenta en base a que la recurrente desempeñaba su actividad laboral en una entidad Societaria en la que el ex esposo formaba parte del Órgano de Administración de forma que éste podía intervenir de forma directa o indirecta tanto en la continuación, suspensión o despido de la esposa. Por ello se estableció un mecanismo de protección de la misma, con el de que si ésta perdía su trabajo, pudiese establecerse una pensión compensatoria, aun cuando en el momento actual no existía desequilibrio económico.

Dicha Sentencia fue recurrida por el esposo, y el Tribunal Supremo estimó el Recurso del mismo:

“Se estima el recurso. La STS de 22 junio de 2011, que cita la de 19 de octubre del mismo año, resume la doctrina de esta Sala relativa la naturaleza de la pensión compensatoria.

El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que “(…) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y “Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge”.

La sentencia recurrida niega que exista desequilibrio económico que fundamenta la pensión compensatoria y sin embargo concede a la esposa de una forma preventiva o condicionada una pensión compensatoria de futuro sin cuantificación económica en razón a una hipotética pérdida de trabajo en la empresa de su esposo tras la ruptura matrimonial, lo que no solo no está previsto en el artículo 97 del Código Civil , sino que contradice la jurisprudencia de esta Sala.

Es cierto que la esposa puede quedarse sin trabajo, pero también lo es que puede encontrar un nuevo empleo, y que la sociedad de su marido puede verse también afectada por la crisis económica, colocándole en una situación de desempleo. Situaciones indeseadas pero reales que obligarían a replantear la situación conyugal en unas condiciones distintas. Si ello ocurriera, dice la sentencia de 19 de octubre de 2011 , dejando aparte las compensaciones laborales a que en este caso tendría derecho la esposa, el desequilibrio que hipotéticamente podría producirse no tendría lugar como consecuencia del desequilibrio producido por la ruptura matrimonial, sino que vendría provocado por el despido posterior.

” El desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial”. 

A partir de entonces se desvinculan los patrimonios de uno y otro cónyuge a expensas de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal y, en su caso, de la modificación o extinción de las medidas que pudieran haberse acordado en el momento del divorcio. Lo demás supone mantener tras la ruptura una vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza, y, propiciar, en definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseables.”

 

Begoña Cuenca Alcaine. Abogada de Familia en Zaragoza.