Procedimiento especial en Derecho de Familia derivado de la declaración del estado de alarma, regulado en el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través de un procedimiento especial y sumario.

Tal procedimiento se refiere a varios ámbitos del Derecho de Familia:

  • Equilibrar visitas y custodias no llevadas a cabo.
  • Revisión a la baja de las pensiones.
  • Revisión de alimentos entre parientes.

 

Así dice el artículo 3:

  1. a) Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19.
  2. b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
  3. c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

 

Se presentará una demanda al Juzgado que dictó la Sentencia que hoy se pretende modificar, por causa del CORONAVIRUS, con prueba documental de nuestras pretensiones.

 

 

Se establece una vista que tendrá lugar dentro de los diez días hábiles a contar desde la admisión de la demanda.

Se instará a las partes a que intenten llegar a un acuerdo, antes de convocarles para la vista. Tal acuerdo se homologará judicialmente.

El que interpone la demanda se ratificará en sus pretensiones, y el demandado contestará en la vista, e incluso podrá formular reconvención. (a mi modo de ver generará problemas el que se puedan añadir hechos nuevos, vía reconvención, porque no hay posibilidad de defensa) Se practicará la prueba. Se harán conclusiones si es Juez lo estima pertinente.

Resolución tendrá forma de Sentencia o Auto, y podrá ser oral, o por escrito en un plazo de tres días.

Contra la Resolución cabrá Recurso de Apelación.

En relación al reequilibrio de las visitas, antes de la Vista, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años.

Circunstancia que a mi juicio no va a estar exenta de problemas, y va a ser de difícil práctica.

En cuanto a la revisión a la baja de las pensiones va a ser complicado que se pueda acreditar mediante los certificado exigidos tales descensos económicos, y más cuando se trate de autónomos, pues la presentación de los impuestos del actual trimestre ( enero a marzo), no reflejará la pérdida económica, y si el próximo trimestre.

Lo más llamativo es que desaparece el requisito de que sea una situación permanente, o duradera, que hasta ahora se venía exigiendo, para fundamentar la solicitud de reducción de pensiones.

Cabe pensar que las Resoluciones que reduzcan estas obligaciones, si procede, serán por un tiempo determinado.

Por otro lado parece ser que la Fiscalía no está conforme con este procedimiento.

No obstante deberemos estar a las próximas actas y pronunciamientos que los Juzgados de Familia vayan emitiendo en los próximos días.

 

Begoña Cuenca Alcaine. Abogada de Familia en Zaragoza.