Una condena en costas supone, que si se han desestimado todas nuestras pretensiones, el que ha perdido debe hacer frente a los gastos de Abogado y Procurador, del Contrario y a los suyos propios. Ello acontece en prácticamente todos los Ordenes Judiciales.

No obstante, la norma general es que en los procesos de Familia no exista condena en costas.

la fundamentación de ello se basa de un lado en que no está previsto expresamente en la Legislación vigente, y de otra, su no imposición basada en criterios de especialidad, y ponderando la especial sensibilidad de los intereses en conflicto, cuando se trata de procesos matrimoniales.

Así se han producido Acuerdos de Sala de numerosas Audiencias Provinciales, que establecían el principio de no imposición, por encima del criterio del vencimiento objetivo, en atención a la naturaleza de las cuestiones que se someten a debate Judicial, cuando la controversia se centra sobre las medidas que recaen o afectan a los hijos.

Sigue señalando la Jurisprudencia, que hay excepciones a la excepción, supuestos en los que se aprecie mala fe o temeridad al litigar, o bien cuando se trate de procesos que versen exclusivamente sobre cuestiones patrimoniales en los que no existan hijos menores de edad, como por ejemplo la reclamación o extinción de una pensión compensatoria, la atribución del uso de una vivienda cuando no se tienen hijos menores etc.

La justificación de la imposición radica en que una de las partes obliga a la otra a tener que comparecer en un juicio y defenderse.

Por ello y a pesar de que como hemos expuesto, la norma general es que no existan costas en Familia, y por tanto cada parte abone los honorarios de su Abogado y Procurador, podemos encontrarnos que si litigamos sin causa justificada nuestro bolsillo pueda sufrir innecesariamente.

Así que mi consejo es que consultes con tu abogado y te dejes asesorar por el profesional.

Begoña Cuenca, Abogada de Familia en Zaragoza.