Con la llegada de septiembre comienza el curso escolar, un periodo no exento de problemas e incertidumbre, rodeado de protocolos sanitarios y de actuación.

Los Letrados hemos recibido numerosas consultas en relación a si los progenitores pueden negarse a llevar a sus hijos al colegio.

Es más circula por las redes un documento, a ser firmado por los progenitores, por el que se justifica que los menores no van a asistir al curso debido a la situación de pandemia y al alto riesgo de contagio, amparándose en el artículo 154 del Código Civil, y el artículo 43 de la Constitución Española, para luego solicitar que el centro facilite, dada la situación que se está viviendo, la ayuda necesaria por medio de pautas e indicaciones para continuar con la enseñanza desde casa.

Lo cierto es, que nos guste o no, las instrucciones son claras, comienza el colegio, y en la gran mayoría de los cursos con carácter presencial.

Si antes de la existencia del COVID 19, era obligatoria la asistencia de los menores desde los 6 a los 16 años, y en caso de absentismo escolar, se iniciaban procesos por parte de las Autoridades, que incluso podían conllevar la retirada de la patria potestad, o Autoridad familiar en Aragón, Así como condenas por delitos de abandono de familia, lo mismo va a ocurrir en la presente situación sanitaria.

Así los protocolos marcan que las familias deben asumir determinados compromisos, como el de no enviar al colegio a aquellos niños que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o algún miembro de la familia. Amén de todas las medidas higiénicas que conocemos y practicamos desde hace ya tiempo.

Esta letrada piensa que, la firma del documento explicado, no nos va a eximir de las consecuencias negativas o sancionadoras que ocasiona la inasistencia al centro escolar. Y por ello que valoremos con atención, como padres, si vamos y podemos asumir las consecuencias derivadas de tal firma.

Parece que la tendencia Judicial es señalar que el miedo y temor de los padres al contagio de sus hijos, no es causa justificada para dejar de llevar a éstos al colegio. Deben existir motivos objetivables relacionados con la salud del niño, o en su caso del entorno familiar.

 Por otro lado los padres que decidan la no asistencia deberán encargarse de llevar a cabo la enseñanza curricular de sus hijos, compromiso que me parece de muy difícil ejecución.

Además y para rizar más el rizo, podemos encontrarnos en supuestos de padres separados, que cada uno mantenga una decisión, uno desea la escolarización, y el otro no, de modo que deberemos de recurrir a los Tribunales a través de un proceso de Jurisdicción Voluntaria, para que sea el Juzgador quien decida si el menor debe de asistir o no al colegio.

Begoña Cuenca Alcaine. Abogada de Familia en Zaragoza