Al hilo del video anterior, encontramos otra Sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que ha establecido que la progenitora deba de residir en dicho municipio.
En fechas recientes fue muy comentada una noticia por la cual se señalaba que había sido retirada la custodia a una madre por residir junto a su hijo en la Galicia profunda.
Cuando redactamos un convenio de divorcio de mutuo acuerdo, los profesionales tratamos de que éste quede lo más claro posible, con la inclusión de todos los aspectos reguladores de la ruptura para que los progenitores no tengan problemas en su aplicación.
Cuando la Sentencia reguladora de nuestra ruptura, divorcio, etc, establece la obligación de abono de pensiones alimenticias y/o compensatorias se señala que tales percepciones se actualizarán de conformidad con las variaciones que experimente el IPC.
Un Juzgado de Granada ha decidido en un supuesto de custodia compartida que el progenitor abone íntegramente el coste del colegio privado de los hijos, y el resto de gastos al 50%.
En este post nos vamos a referir a una Sentencia que concede custodia compartida por entender que la progenitora esta manipulando a los hijos comunes, y éstos necesitan de la presencia y contacto con el padre.
Hemos conocido por la prensa una noticia por la que en EEUU se retira la custodia compartida de su hijo de 11 años, a una madre que se ha negado a administrarse la vacuna contra la covid.
Los servicios sociales retiran la custodia de dos niños gemelos a su progenitora de 64 años de edad, que se sometió a una inseminación artificial en EEUU, para concebir a sus hijos. EL Juzgado de Primera Instancia ha ratificado la decisión de Servicios Sociales y ha dictaminado que los menores vayan con una familia de [...]
Cuando dos personas ponen fin a su convivencia, bien matrimonial o de pareja, es conveniente que procedan a regular su situación, vía judicial.
El 3 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor la “Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
