Siempre ha sido una de mis recomendaciones intentar llegar a un acuerdo cuando se plantea la ruptura de la pareja. Y más si cabe, en los momentos actuales en los que nos encontramos, con una Justicia colapsada.
Comienzan a llegarnos noticias a resultas del nuevo procedimiento de Familia, RD 16/2020 de 28 de abril, creado para paliar en la medida de lo posible los efectos negativos derivados del COVID, tanto en relación con el tiempo no disfrutado con los hijos, como por la pérdida de la capacidad económica, y las Resoluciones Judiciales que empiezan a dictarse en esta materia.
Como ya adelantábamos en el artículo anterior, se ha aprobado el Real Decreto 16/2020, un proceso sumario y especifico de familia referido a tres aspectos: Equilibrar visitas y custodias no llevadas a cabo, Revisión a la baja de las pensiones, Revisión de alimentos entre parientes.
En fechas recientes hemos conocido una Resolución Judicial en Aragón novedosa por dos circunstancias: La primera por ser el primer juicio telemático celebrado, y en segundo lugar por tratarse de una Resolución urgente de modificación de medidas motivada por CORONAVIRUS.
Procedimiento especial en Derecho de Familia derivado de la declaración del estado de alarma, regulado en el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través de un procedimiento especial y sumario.
El Código de Derecho Civil y el CDFA, habilitan a modificar una Resolución Judicial, cuando concurran causas o hechos nuevos, relevantes que hagan necesario dictar una nueva Sentencia que se adapte o recoja las nuevas circunstancias surgidas con posterioridad.
Es evidente que la pandemia que estamos sufriendo ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida, y como no podía ser de otra forma, al Derecho de Familia.
Por todos es sabido, que el Derecho de Familia se ha visto afectado por el COVID19, de modo que salvo circunstancias muy excepcionales, la posibilidad de interponer escritos al Juzgado en esta materia no es posible.
La entidad pública encargada de la protección de los menores, si constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, adquieren la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda.
En ocasiones leemos o vemos en la prensa, que por determinadas circunstancias se les retira la custodia de los hijos a los padres, porque la Administración considera que no se encargan debidamente de la crianza de sus hijos.
